Las entidades y empresas de la economía social se muestran como las colaboradoras idóneas de la Administración en la prestación de servicios sociales

Expertos en Economía Social y contratación responsable han manifestado la pertinencia, legalidad y el interés general de introducir en el marco de la contratación pública local las cláusulas sociales, que más allá del coste económico tienen en cuenta el desempeño social de las empresas que optan por acceder a un contrato público. Así se puso de manifiesto el pasado 14 de octubre en Valencia, durante el ‘Encuentro Internacional sobre Economía Social y Administración Local. Las cláusulas sociales’, organizado por la Dirección General de Administración Local, de la Presidencia de la Generalitat Valenciana; la Dirección General de Planificación, Ordenación, Evaluación y Calidad, y la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, de la Generalitat.

Al mismo tiempo, en el Encuentro se demostró que las entidades y empresas de economía social son las colaboradoras idóneas de la Administración en la prestación de los servicios públicos locales. Ello es así por su arraigo territorial, su pertenencia colectiva y gestión de carácter democrático, y por su mayor responsabilidad social en todos los aspectos, además de su capacidad y competitividad.

Durante la jornada se promovió la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública. Junto con ello se pretende favorecer el acceso de personas con discapacidad y de otros sectores de especial vulnerabilidad al mercado laboral. Un total de 150 representantes y técnicos municipales, entre secretarios, interventores y tesoreros, personal de servicios de contratación de Ayuntamientos, etc. participaron en el evento, que fue inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, junto con los directores generales Francisco Álvarez (Economía, Emprendimiento y Cooperativismo); Gustavo Zaragoza (Planificación, Ordenación, Evaluación y Calidad), y Antonio Such (Administración Local).

Tras la inauguración, la primera conferencia corrió a cargo de Mario Radrigán Rubio, durante muchos años colaborador de CIRIEC-España y en la actualidad Jefe de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, quien explicó los avances en materia de economía social en el Gobierno de Chile. En su exposición detalló cómo en numerosas regiones del país andino servicios básicos como el del agua potable han sido suministrados históricamente por cooperativas, y así continúa.

Estado social democrático

A continuación, el presidente de CIRIEC-España, José María Pérez De Uralde, contrapuso el concepto de Estado Social al de Estado de Bienestar. Como dice la propia Constitución, España se constituye como un Estado Social democrático de Derecho, y define el Estado Social, entre otros como el deber de las administraciones de garantizar los servicios públicos esenciales y la vida digna de las personas y su participación en la vida económica y social. En este deber de todas las administraciones las entidades de la economía social son un buen aliado.

Otros participantes en el Encuentro fueron Javier Blanco Díez, gerente del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable; Javier Biosca López y Vanesa Felip Torrent, presidente y vicepresidenta, respectivamente, del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL); Antoni Galiano Barajas, secretario delegado del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, y Ana Riesgo Pérez, agente de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés.

Todos ellos abundaron en la idea de que la aplicación de cláusulas sociales es una medida pertinente y absolutamente legal, que permite mejorar la evaluación de las propuestas de candidatos a la obtención de un contrato de servicio público. En el caso del ayuntamiento de Barcelona y de Avilés se tiene una experiencia de años en este sentido y con resultados excelentes.